CAYO LARA PROPONE «UNA INTERVENCIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO PARA CONVERTIRLAS EN BANCA PÚBLICA Y PODER DAR SOPORTE A UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Presenta junto a José Antonio García Rubio, responsable de Economía y Trabajo, la propuesta alternativa de IU y reclama la dimisión de Fernández Ordóñez “que ha actuado como el mejor consejero de los especuladores, de los banqueros y las grandes empresas”.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha reclamado hoy al Gobierno que intervenga las cajas de ahorro para transformarlas en banca pública. “Un gobierno responsable –aseguró- debería intervenir las cajas de ahorro para convertirlas en banca pública y poder dar crédito así a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y, en definitiva, dar soporte al nuevo modelo productivo que se propone”.

Lara presentó hoy junto al responsable federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, la propuesta alternativa de IU sobre esta materia antes de que el Gobierno socialista haga lo propio tras anunciar sus intenciones en este sentido durante el pasado Consejo de Ministros. El máximo responsable de IU ha argumentado que “las cajas, que representan el 50% de todo el ahorro y recursos que hay en las entidades de ahorro de nuestro país, necesitan hoy una capitalización que podría moverse entre los 30.000 y los 80.000 millones de euros. Se debe, desde nuestro punto de vista, a su mala gestión y al haberse metido también en operaciones propias del modelo de desarrollo insostenible que hemos tenido en nuestro país”.

El coordinador federal aprovechó para denunciar “la dejación de competencias del organismo regulador que es el Banco de España, que no ha cumplido con su función de control y regulación de las entidades de ahorro. Miguel Ángel Fernández Ordóñez debería dimitir inmediatamente de su cargo porque ha actuado como el mejor consejero de los especuladores, de los banqueros y de las grandes empresas. Ordóñez ha estado más ocupado en pedir recortes salariales y laborales que en cumplir la función que tiene encomendada como gobernador del Banco de España”.

José Antonio García Rubio, por su parte, denunció que “la situación actual de las cajas muestra los errores de diagnóstico en general del Gobierno sobre la crisis económica y, en particular, sobre la crisis financiera”.

Opinó que “el intento de ofrecer a la banca privada de este país nada menos que el 50% de la gestión del crédito y del ahorro existente en España está fracasando. Son necesarias políticas muy diferentes para una salida distinta y progresista de la crisis, así como de la crisis del sistema financiero en nuestro país”.

Para el responsable de Economía de IU, “no es de recibo que ahora se intente sanear las cajas recurriendo a los recursos públicos sin ninguna contrapartida, y obviando las necesidad de que el crédito fluya para las pequeñas empresas y para las familias”.

“Nuestra propuesta –detalló- tiene dos objetivos, el primero, poner encima de la mesa el crédito que necesita la economía de este país para salir adelante. El segundo, minimizar la necesidad de recurrir a los recursos públicos, y por lo tanto, de traspasar deuda que es privada a deuda pública utilizando para ello los activos que en este momento tiene el sistema de cajas de ahorro”.

García Rubio puso como ejemplos de los negocios tan curiosos a los que se dedican las cajas el que una de ellas posea 33 clínicas de cirugía óptica refractaria y otra el primer banco por depósitos del Estado de Florida, en Estados Unidos.

La propuesta de Izquierda Unida apuesta, entre otras cuestiones, por reclamar al Gobierno que decrete la intervención de las cajas de ahorro y lo acompañe de un proceso de saneamiento basado en tres pilares: la enajenación de activos y la desinversión, gestionada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), garantizando los objetivos sociales de cada caja y el empleo; la afloración de todo el patrimonio en vivienda residencial para utilizarlo, a través de una empresa pública, en facilitar viviendas en alquiler, y la identificación del resto de sus bienes inmobiliarios y su enajenación en caso necesario.

Se contempla también mantener una estructura federada del sistema de cajas de ahorro controlada por el Estado, con la participación de las comunidades autónoma como tutela necesaria, garantizando una gestión pública y democrática al servicio del nuevo modelo productivo y del desarrollo regional.