MOCIÓN INSTANDO A QUE SE REGULE LA DACIÓN EN PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2007 hubo 25.943 ejecuciones hipotecarias, en el 2008; 58.686, en el 2009; 93.319, habiendo previsiones que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

 Conforme a la vigente ley, si en estas ejecuciones hipotecarias la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto sucede en más del 90% de los casos), la entidad bancaria puede pedir la adjudicación del bien por el 60% del valor de tasación y seguir reclamando el pago de la deuda restante, más intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder su hogar, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida para la mayoría de las familias cuando firmaron los contratos. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que, en muchos casos, escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como son las cláusulas suelo.

 Desde IU-LV consideramos inadmisible e injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la crisis, reciban ayudas millonarias, sin tener que asumir ninguna responsabilidad y mientras siguen ingresando ingentes beneficios anuales.

 Al mismo tiempo, en la actualidad quien se ve forzado a desprenderse de su vivienda debe además abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía municipal, que se aplica a la diferencia entre el valor del suelo desde que se adquirió hasta que se enajena. Es decir, se da la contradicción de que la plusvalía municipal es un impuesto sobre las ganancias obtenidas por la transmisión de inmuebles cobrado, en este caso, a personas que no obtienen beneficio alguno.

 En el actual escenario económico y ante la negativa de reformas legales, son pocas las alternativas que les quedan a las familias en la negociación con las entidades financieras ante una morosidad de sus deudas. Por ello, es de justicia al menos neutralizar el impacto fiscal que supone para las familias deudoras la pérdida de la vivienda, con el pago de la plusvalía o el posible incremento patrimonial a liquidar en el IRPF.

 La gravedad de la situación en la que se encuentran estas familias hace urgente tomar medidas también desde los municipios. Los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en plena crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias empobrecidas.

 Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes presenta la siguiente

MOCION

1. Instar al Gobierno central a que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
2. Instar al Gobierno central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios hipotecarios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter urgente medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos acumulados por las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
3. Instar al Gobierno central a que estudie una posible modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que en las transmisiones realizadas en subasta pública, notarial, judicial o administrativa y en las adjudicaciones del bien inmueble a la entidad financiera en pago de la deuda prestada para su adquisición, tenga la consideración de sujeto pasivo sustituto, la personal física o jurídica o las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2.03, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el inmueble. Haciendo que, en ningún caso, se pueda repercutir la cuota del impuesto al contribuyente.
4. Crear una comisión especial mixta en la que participen representantes del Pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática para estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios. El objetivo principal será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos y, en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. Asimismo se estudiaran medidas destinadas a eximir del pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los afectados.

Majadahonda, 16 de enero de 2012

Fdo. Juan Santana Uriarte

Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV