Archivo06/11/2012

El pasado 14 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad impulsado por el Gobierno central. En su articulo 9 se establecían una serie de condiciones para regular la prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal público, estableciendo un tope según las diferentes circunstancias. El pasado 28 de septiembre de 2012, se dictó Decreto de Alcaldía nº 2549/2012 en el que el Equipo de Gobierno establecía cómo será la aplicación del RDL 20/2012 para el personal del Ayuntamiento de Majadahonda, en el que, además de la ampliación de la jornada laboral, se hacía una propuesta de aplicación muy restrictiva de las condiciones de las prestaciones para el personal municipal por incapacidad temporal. Asimismo, en el Decreto de Alcaldía, se justificaba dicha medida unilateral en la imposibilidad de llegar a un “acuerdo general” con los representantes de los trabajadores municipales. Ahondando en esto, en un comunicado emitido a finales del mes de septiembre por el Equipo de Gobierno, se hace recaer sobre la representación de los trabajadores la imposición de estas restrictivas condiciones mientras el Equipo de Gobierno no viera satisfecha[…]

En los últimos años hemos asistido en Majadahonda a una serie de recortes que han puesto en marcha los distintos gobiernos del Partido Popular a nivel del estado y autonómicos con el pretexto de “la crisis” y el gobierno municipal con el de las “competencias impropias” que han afectado fundamentalmente a la educación, a la sanidad y a la dependencia. Izquierda Unida considera que es una profunda equivocación plantear la salida de la crisis mediante la reducción del gasto público y social, y que sería necesario aumentar los ingresos públicos, pero no de una forma regresiva y responsabilizando a los ciudadanos de la mala gestión, como se ha hecho en Majadahonda con el “subidón del IBI” o la reciente subida del IVA, sino haciendo pagar más a los que más tienen, tal y cómo se recoge en el articulo 31 de la Constitución española. Consideramos que, para colaborar en la progresividad de los impuestos y en un reparto más equitativo de la crisis en nuestro municipio, es necesario poner en marcha un IBI socialmente justo. Desde el año 2007 han sido varias las ocasiones en que IU, junto a numerosos vecinos y colectivos ciudadanos, han propuesto la necesidad implementar un[…]