Los precios públicos deberán ajustarse a la renta de los vecinos y vecinas

En el reciente Pleno del mes de abril, se ha aprobado una propuesta de  Izquierda Unida para que en nuestro municipio se establezca  un sistema de precios de las actividades y servicios públicos por tramos que se adecue a la capacidad de renta de los usuarios/as y que estos precios y el resto de bonificaciones se apliquen también a los servicios municipales privatizados mediante concesión administrativa. En Majadahonda, no sólo no se tiene en cuenta la renta de los beneficiarios/as, sino que ni siquiera existe un criterio unitario con respecto a las bonificaciones y exenciones, pues en algunos casos se hacen descuentos a familias numerosas,  o a las personas con diversidad funcional,  o a personas en paro,  y en otros casos no.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Majadahonda está entre los 10 municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta per capita, pero al mismo tiempo con mayor desigualdad entre unas rentas y otras. Si tenemos en cuenta además que 2.500 personas están en paro, la realidad es que en nuestro municipio existen vecinos y vecinas con importantes dificultades sociales y económicas. Sabemos, por ejemplo, que en nuestros colegios públicos hay más de 600 niños/as que reciben ayudas de comedor de la Comunidad de Madrid porque sus familias perciben una renta mínima de inserción (532 €) o tienen unos ingresos anuales inferiores a 4.500 €.

El actual sistema de precios públicos, que no distingue entre unas y otras situaciones, puede suponer una barrera para el acceso de muchas personas a los servicios. No podemos obviar el hecho de que un mismo importe puede resultar asumible e incluso barato para algunos, pero al mismo tiempo inasumible para otros, haciendo que unos servicios públicos, financiados por todos y todas, sean inaccesibles para una parte de nuestra población.

La moción contó con el voto a favor de IU, Somos, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Centristas y el voto en contra del PP.

“La Constitución española establece el deber de las administraciones públicas de fomentar el acceso de toda la ciudadanía a la cultura, a la educación, al deporte, a la salud y a los derechos que redundan en una mayor calidad de vida y en nuestro desarrollo como personas y como sociedades. De acuerdo con estos principios, los ayuntamientos, deben ofrecer a sus vecinos/as unos servicios públicos cuyos precios sean accesibles a los ciudadanos/as, y el principal indicador que hay que tener en cuenta es el de la renta que perciben. Por otra parte, en el caso de Majadahonda, muchos de los servicios municipales han sido privatizados (especialmente los deportivos) bajo la figura de las concesiones administrativas en las que ni siquiera se aplican los descuentos, como el del carnet de plata, que sí rigen para las actividades municipales gestionadas de forma directa, por lo que  también las concesiones administrativas deberían adecuar los precios a la renta que perciben los usuarios” (Juancho Santana, portavoz de IU en el Ayuntamiento)