EL PP RECHAZA LA PROPUESTA DE IU PARA FIJAR LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN BASE A CRITERIOS SOCIALES

Los actuales precios de la vivienda protegida en Majadahonda, y en toda la Comunidad de Madrid, están pervirtiendo el sentido de la vivienda pública ya que tiene fijados unos precios que no se ajustan a la situación económica de las personas a las que se orienta.

Ante esto, son muchas las comunidades autónomas y las localidades que articulan mecanismos para establecer unos precios en el alquiler social que se adapten a las posibilidades de las familias y facilitar el acceso a una vivienda a los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, la propia Comunidad de Madrid, lleva años aplicando factores de reducción en las cuotas de alquiler en las viviendas gestionadas por el IVIMA, aunque por desgracia estas ayudas actualmente corran peligro por las políticas antisociales del PP en el Gobierno Regional.

En Majadahonda se están dando situaciones en las que los adjudicatarios no pueden hacer frente a sus compromisos de pago, que en algunas promociones suponen unos 600 euros al mes, y deben buscar la ayuda de su familia para poder hacerlo o renunciar a las viviendas y, al mismo tiempo, podemos ver cómo para un sorteo de sólo 48 viviendas protegidas de venta, al que se apuntaron unos 1500 vecinos, han sido cientos los adjudicatarios los que han tenido que rechazarlas por tener un precio desorbitado.

Por estos motivos, en el pasado Pleno Municipal del mes de febrero, el Grupo Municipal de IU-LV propuso que se acordara la aplicación de reducciones en el precio del alquiler de las viviendas protegidas de Majadahonda para que se adecuaran a los ingresos de las familias adjudicatarias. Dicha propuesta fue rechazada por el PP, aduciendo que los adjudicatarios ya disfrutan de privilegios por residir en estas viviendas y que, desde los Servicios Sociales, se dan ayudas a los que no pueden pagar.

Juancho Santana, portavoz de IU-LV, ha señalado “Como norma general es recomendable que el gasto del alquiler de una vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares para así poder atender el resto de necesidades: alimentación familiar, gastos escolares, facturas de suministros,… El acceso a la vivienda es un derecho no un privilegio y los poderes públicos tenemos la obligación de hacerlo efectivo, la vivienda pública tiene una función social y no puede ser que no vaya dirigida a quien la necesita sino a quien pueda permitírsela”.