IU Majadahonda contra el nuevo impulso al ladrillazo del PP

Izquierda Unida Majadahonda ha presentado alegaciones contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en las Actuaciones Urbanísticas, aprobada inicialmente en octubre de 2021.

Esta Ordenanza se ha planteado como una adaptación a nuestro municipio de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada por las bravas por el anterior gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por haberse tramitado sin respetar las más mínimas normas de funcionamiento democrático de la  Asamblea de Madrid.

A eso se añade que el actual gobierno de Ayuso pretende aprobar su llamada Ley Ómnibus, que incluye a su vez modificaciones de su recurrida Ley del Suelo, y que ha recibido la crítica de decenas de organizaciones políticas y sociales entre las que se cuenta Izquierda Unida. De hecho, existe una petición  en la plataforma change.org solicitando su retirada que acumula ya casi 50.000 apoyos.

Héctor Muñoz, portavoz de la Asamblea de IU Majadahonda, ha manifestado al respecto que “el Ayuntamiento debería suspender la aprobación de una Ordenanza basada en una normativa urbanística que ni el propio Partido Popular tiene clara ni sabe si será declarada nula de pleno derecho”.  

No obstante, la oposición de Izquierda Unida a la Ordenanza no sólo obedece a una cuestión de forma sino sobre todo al fondo de lo que se plantea. Para la formación, esta normativa profundiza de nuevo en la desregulación y privatización del sector de la construcción. En efecto, con esta Ordenanza se podrán realizar actividades de edificación, demolición y cambio de actividad sin licencia urbanística otorgada por el ayuntamiento, simplemente mediante la presentación de una declaración responsable.

Esto abre la posibilidad de cometer graves irregularidades urbanísticas que luego pueden tener preocupantes consecuencias legales y económicas para el propio Ayuntamiento. Y sobre todo supone la vuelta a la lógica del ladrillazo, dando más facilidades a los promotores para construir al margen del necesario control urbanístico y medioambiental, con el grave perjuicio para la economía que ya conocemos por pasadas burbujas inmobiliarias. 

Otro polémico elemento es la apertura a la privatización de la inspección urbanística del Ayuntamiento, algo que para Izquierda Unida carece de fundamento, cuando lo que sería necesario es reforzar la propia plantilla municipal y dotarla de los medios suficientes, porque esa es la vía para lograr un servicio de inspección que ofrezca todas las garantías a los vecinos y vecinas de Majadahonda.

Así, el portavoz de Izquierda Unida añade: “Lo que el Partido Popular llama liberalizar el urbanismo significa realmente hacer dejación de funciones y profundizar en las mismas barbaridades que nos llevaron a la crisis económica del 2008 y a un modelo social, económica y ecológicamente insostenible”.

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