Esteban Ordóñez Ctxt El encierro de más de 500 migrantes en la cárcel de Archidona es solo una muestra más de la caótica actuación del Gobierno, que se niega a emprender los cambios reclamados por las oenegés y los organismos internacionales El traslado a la cárcel malagueña de Archidona de 532 personas que llegaron en patera a las costas de Cartagena obliga a revisar en retrospectiva la política migratoria del Gobierno español durante 2017. Un año en el que las cifras de migrantes se han situado a niveles de 2006.  Los problemas, si se desatienden y se enquistan, acaban revelándose a través de imágenes drásticas. La estampa de los migrantes encarcelados en un penal ofrece varias lecturas. Por un lado, la incapacidad del Ejecutivo para gestionar el aumento del flujo migratorio, y también el desinterés por hacerlo: diversas organizaciones internacionales habían advertido a España de este repunte. Por otra parte, la cárcel malagueña supone la confirmación de una realidad, que es, a la vez, ideología: las condiciones arquitectónicas y organizacionales que el Gobierno considera óptimas para alojar a los inmigrantes sólo se pueden implementar dentro de una prisión.