La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, arrebata a los Ayuntamientos competencias importantes para la administración más cercana a la ciudadanía. Además, resta autonomía a los municipios para poder satisfacer las necesidades de sus habitantes, rompiendo el marco establecido desde el año 1979 por el que los Ayuntamientos se han venido ocupando de atender las demandas de la ciudadanía y que las administraciones superiores no cubrían. El Ayuntamiento de Majadahonda a lo largo de los últimos 35 años ha ido creando servicios públicos, pagados con los impuestos de los vecinos y vecinas, que son muy valorados y que esta reforma pone en riesgo si no se busca alguna solución. Esta ley despoja a los ayuntamientos de su capacidad para actuar y supedita toda la actuación pública a la estabilidad financiera y al pago de la deuda, independientemente de las necesidades. La nueva Ley de Bases del Régimen Local establece, en el apartado 4 del artículo 7, que los municipios pueden ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal,[…]
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